Culpable fabricado desde 2009, con orden de libertad inmediata desde 2021 Orden de libertad ignorada por años: el caso de Luis Méndez Landeros
El expediente de Luis Antonio Méndez Landeros revela tortura, omisiones y una orden de libertad ignorada que ha prolongado su encierro por años.
La burocracia judicial y la extorsión de la defensa legal han dejado atrapado en prisión a Luis Antonio Méndez Landeros, preso desde 2009.
Luis Antonio Méndez Landeros permanece en prisión desde 2009, pese a contar con resoluciones judiciales que cuestionan la legalidad de su proceso. Incluso cuenta con una boleta de libertad inmediata emitida en 2021, vinculada a la ejecución de sentencia, que debió haberse materializado en su salida del penal, además de oficios que señalan violaciones graves al debido proceso. Ninguna autoridad ha explicado por qué esa determinación no se cumplió, quién la detuvo o bajo qué fundamento jurídico se decidió mantener privado de la libertad a un hombre cuyo proceso ya había sido cuestionado por los propios tribunales federales.
Contrario a lo previsto por la ley y a los principios de restitución judicial, Luis Antonio Méndez Landeros permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Su expediente, identificado con la causa penal 218/2009-1 y derivado de una investigación previa del fuero común (156/2009), se construyó a partir de acusaciones por delincuencia organizada, secuestro y acopio de armas en el periodo en que Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Ese periodo ha sido ampliamente documentado como una política de seguridad basada en la fabricación sistemática de culpables, mediante carpetas de investigación integradas con pruebas ilícitas o falsas y la práctica de la tortura para obtener confesiones incriminatorias, lo que derivó en miles de encarcelamientos injustos y procesos judiciales viciados.
El caso de Méndez Landeros forma parte de ese patrón. Con el paso de los años, distintos tribunales señalaron vicios procesales y falta de defensa adecuada, así como deficiencias en la valoración de pruebas y omisiones del Ministerio Público. Su expediente expone una brecha crítica entre la justicia declarada en papel y la justicia ejecutada en la realidad penitenciaria.
Extorsiones a nombre de Olga Sánchez Cordero
La madre de Luis Antonio Méndez, la señora Reyna Landeros, con residencia en Florida, ha narrado a Los Ángeles Press lo difícil que ha sido apoyar a su hijo en la defensa legal, sobre todo por las estafas de las que ha sido víctima. De acuerdo con la denuncia presentada por Landeros, un grupo de abogados integrado por Sergio Vázquez Guzmán, Jesús Santoscoy Maldonado, Eduardo Octavio Santoscoy Maldonado y Francisco Alfredo Santoscoy Maldonado se presentó en 2018 como intermediario capaz de gestionar la liberación de su hijo a cambio de dinero, que le fue solicitado en nombre de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La madre documentó depósitos por hasta 14 mil dólares, que fueron incorporados como prueba en la denuncia formal por extorsión. Pese a ello, su hijo fue trasladado del Cefereso de Guanajuato —estado de origen de los abogados— al de Oaxaca, y permaneció en prisión sin que cumplieran lo prometido.
Un proceso marcado por vicios y reposiciones
Con el paso de los años, distintos tribunales federales fueron identificando grietas profundas en el proceso judicial de Luis Antonio Méndez. Las resoluciones hablan de una defensa deficiente, de irregularidades en la integración del expediente y de actos de tortura que contaminan las declaraciones ministeriales. En más de una ocasión, los jueces ordenaron reposiciones del procedimiento para corregir esas fallas, al reconocer que la actuación del Ministerio Público había sido insuficiente y que los derechos humanos del procesado habían sido vulnerados desde las etapas iniciales del caso.
Uno de esos fallos fue especialmente determinante: instruyó dejar sin efecto las declaraciones ministeriales y revisar nuevamente el proceso desde sus momentos críticos. Aun así, nada cambió en la vida de Méndez Landeros. Las decisiones judiciales quedaron atrapadas en el expediente y no se tradujeron en una reparación real. El proceso continuó, pero no para garantizar justicia, sino para prolongar el encierro.
La ruta institucional: tocar todas las puertas
Ante el rezago procesal, Méndez Landeros recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Varios 1531/2022), que canalizó el asunto como un caso con datos sensibles, instruyó la intervención de la Defensoría Pública y ordenó dar seguimiento institucional. La CNDH, por su parte, emitió notificaciones en 2025 confirmando que el expediente seguía en trámite. Sin embargo, ninguna de esas actuaciones ha modificado su situación jurídica. Luis Antonio Méndez sigue en prisión, atrapado en un sistema que reconoce las violaciones a su proceso, pero actúa con una indiferencia institucional que prolonga deliberadamente su encierro.
