Pacientes y trabajadores pagan el costo de la ineficiencia gubernamental

Protestas laborales y hospitales sin insumos, el sistema de  salud de Veracruz enfrenta una crisis que ya no puede atribuirse al pasado.

Un entramado de irregularidades financieras, desabasto de medicamentos y fallas administrativas mantiene al sistema de salud de Veracruz al borde del colapso.

Desde el inicio del gobierno de Rocío Nahle García, el 1 de diciembre de 2024, el sistema de salud en Veracruz no sólo arrastra una herencia ruinosa: exhibe una estructura administrativa incapaz de responder a la emergencia. Hospitales operando a medias, personal inconforme, proveedores incumplidos y una madeja de irregularidades financieras conforman un escenario que ya no puede explicarse únicamente como “rezagos del pasado”. La crisis es real, cotidiana y medible.

Una herencia de daño patrimonial millonario

Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a las cuentas públicas 2023 y 2024 revelan un presunto daño patrimonial superior a los 2,700 millones de pesos en la Secretaría de  Salud de Veracruz (Sesver) durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.

Tan solo en 2023, se observaron 1,600 millones de pesos por contratos irregulares asignados a empresas fantasma, sin evidencia de servicios prestados. En 2024, la cifra se incrementó con 1,008 millones adicionales, muchos de ellos relacionados con proveedores reincidentes, entre los que destaca Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH).

Las denuncias interpuestas por la Contraloría General del Estado alcanzan a exfuncionarios de alto nivel, incluido el exsecretario Roberto Ramos Alor, dejando claro que el desastre no fue accidental, sino sistemático.

HOSPITALES SIN MEDICINAS, PACIENTES SIN RESPUESTAS

Mientras los números se acumulan en los informes oficiales, en los hospitales el colapso se vive en carne viva. El desabasto de medicamentos, particularmente oncológicos, es persistente en unidades como el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” y la Torre Pediátrica de Veracruz, donde el abasto ha llegado a caer por debajo del 70%, según reportes internos.

A esto se suman carencias de personal especializado, instrumental médico obsoleto o inservible, falta de insumos básicos como guantes y batas, suspensión de cirugías por ausencia de anestesiólogos y hasta casos de intoxicación alimentaria por comida en mal estado suministrada a pacientes y personal. La transición al esquema IMSS-Bienestar no resolvió los problemas estructurales: los heredó sin diagnóstico ni recursos suficientes.

Leih: el negocio que limpió presupuestos

El caso de LEIH sintetiza la podredumbre administrativa. La empresa ha recibido más de 900 millones de pesos por servicios de limpieza hospitalaria desde la administración pasada, pero mantiene salarios impagos desde junio de 2025, adeudos de vacaciones, aguinaldos y prestaciones laborales.

En diciembre de 2025, la empresa intentó sustituir el bono de fin de año por vales canjeables en tiendas de Xalapa, detonando protestas, despidos injustificados y amenazas al personal. La gobernadora Nahle canceló el contrato en agosto de 2025 y prometió la contratación directa de los trabajadores, pero los adeudos persisten, evidenciando que la decisión  política no se tradujo en ejecución administrativa.

Una gobernadora engañada por sus subordinados

Rocío Nahle ha tenido que salir públicamente al menos tres veces a enfrentar protestas del sector salud:

– En mayo de 2025, por el daño patrimonial; en diciembre de 2025, por los bonos entregados en vales; en enero de 2026, por retrasos salariales y un bono navideño de 14 mil pesos no pagado a tiempo.

En todas, la gobernadora repitió el mismo diagnóstico: fue engañada por su propia estructura administrativa. Reconoció información inconsistente, fallas internas y prometió ajustes, auditorías y cambios de funcionarios. Aseguró que el dinero existe; lo que no existe es eficiencia.

El conflicto escaló incluso hasta Palacio Nacional, un nivel de exposición que ningún gobierno estatal puede permitirse sin pagar costos políticos severos.

Funcionarios bajo señalamiento directo

Las miradas se concentran en áreas clave de Sesver:

Marcela Pozos Jerónimo, subdirectora de Recursos Humanos, enfrenta señalamientos directos por su responsabilidad en la cadena de errores que derivaron en manifestaciones recurrentes.

Ana Victoria López Pérez, jefa de Prestaciones Sociales, acumula reclamos por incumplimientos reiterados, con nuevos conflictos latentes por uniformes y bonos no acreditados.

Noelia Lagunes Calderón, jefa del Departamento de Personal, es cuestionada por fallas operativas constantes y un trato señalado como autoritario y negligente.

Ninguna puede alegar desconocimiento. Ninguna está exenta de responsabilidad.

El problema ya no es la herencia

Decir que la gobernadora ha sido engañada puede explicar el inicio del problema, pero ya no lo justifica. En política, el engaño reiterado se llama incapacidad de control. Y en un sistema de  salud colapsado, esa incapacidad cuesta vidas, no discursos.

No basta con reconocer errores ni con prometer eficiencia futura. Mantener funcionarios ineficientes es una forma de complicidad, y prolongar su permanencia sólo garantiza que el conflicto regrese, más grande y más ruidoso.

La salud de los veracruzanos no admite improvisaciones ni pretextos.

Quien no puede administrar pagos, contratos y derechos laborales, tampoco puede administrar hospitales; y cuando el Estado falla en lo básico, deja de gobernar y empieza a estorbar.

Las ineficiencias se traducen por ejemplo, en que el sistema estatal registra baja cobertura debido a la transición de 22 hospitales al IMSS-Bienestar, dejando deficiencias estructurales como equipo inoperante y suspensiones de cirugías. Persisten carencias de especialistas (hasta 30% en áreas críticas), insumos básicos y personales, con abasto de medicamentos oncológicos por debajo del 70% en unidades clave. Esto agrava la saturación, con informes de hasta el 200% de ocupación en emergencias durante picos epidémicos.

Aquí ya no hay margen para la paciencia, sólo para decisiones firmes; y para responsabilidades que, tarde o temprano, deberán cobrarse.