Violencia vicaria y acceso a la justicia
Grisell Balderas Jonguitud, abogada, ha denunciado durante más de una década diversas formas de violencia de género y violencia vicaria.
Su situación es considerada emblemática por el impacto de la violencia vicaria que ha tenido en sus hijos y por las implicaciones que revela sobre el acceso a la justicia para mujeres y niñas en México.
Ciudad de México.— Organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos hicieron un llamado al Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso en el caso de Grisell Balderas Jonguitud, abogada y defensora de derechos humanos que, desde 2010, ha denunciado ser víctima de diversas formas de violencia de género, incluida la violencia vicaria.
De acuerdo con un pronunciamiento público, Balderas Jonguitud ha denunciado a su expareja, Ernesto Edén Becerra Pliego, como presunto responsable de agresiones físicas, sexuales, psicológicas, económicas y patrimoniales que, con el paso de los años, derivaron en la sustracción y retención ilegal de su hijo Mathias en octubre de 2020, pese a existir una sentencia firme de guarda y custodia a favor de la madre.
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El documento detalla que, desde ese momento, el niño permanece separado de su madre y que esta situación también ha afectado a Carlo, el hijo menor de Balderas, quien fue separado de su hermano cuando tenía tres años. Las organizaciones firmantes advierten que esta ruptura forzada del vínculo fraterno constituye un daño adicional a los derechos de la niñez.
Asimismo, señalan que el caso ha estado marcado por presunta violencia institucional y procesal. Aunque existen múltiples denuncias penales contra Becerra Pliego, éstas no han derivado en sanciones firmes, mientras que el sistema judicial avanzó con una acusación penal por violencia familiar en contra de Balderas Jonguitud, lo que, a decir de las organizaciones, representa la criminalización de una madre protectora.
El pronunciamiento también subraya que, a partir de su experiencia, Balderas impulsó la llamada “Ley Mathias” en el Quinto Parlamento de Mujeres, una iniciativa orientada a visibilizar la violencia vicaria y sus efectos, particularmente en la infancia. Aunque la propuesta no fue aprobada, las firmantes consideran que evidenció fallas estructurales en la aplicación del principio del interés superior de la niñez.
La situación se agravó en enero de 2026, cuando un juez federal ordenó acelerar el proceso penal hasta fijar el juicio oral para los días 23, 26 y 27 de enero, pese a que existen dictámenes médicos que acreditan afectaciones severas a la salud física y mental de la acusada, según el documento.
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Ante este escenario, las organizaciones nacionales e internacionales exigieron que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de debido proceso, juicio justo y protección de los derechos humanos, y llamaron a la observación y acompañamiento del caso para evitar lo que califican como una posible injusticia irreparable contra una familia y contra la infancia en Quintana Roo.
