Fiscalía de Jalisco implicada en omisiones y falta de supervisión a ministerios públicos

Las víctimas acusan a agentes del Ministerio Público de inacción judicial en denuncias por privación ilegal de la libertad, tortura y atentados.

La denuncia señala como principal responsable de la inacción judicial, omisiones, filtración de datos y falta de judicialización a la agente del Ministerio Público Claudia María Cortés Flores.

Guadalajara, Jalisco.— Wendy Coral Franco Flores y Alejandro López Ponce de León, defensores de derechos humanos, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco en la que acusan una red de violaciones graves cometidas en centros de rehabilitación conocidos como anexos, así como presuntas omisiones y encubrimiento por parte de autoridades ministeriales.

De acuerdo con el documento entregado al fiscal Salvador González de los Santos, Wendy Coral Franco Flores fue privada ilegalmente de la libertad el 30 de diciembre de 2024 y recluida contra su voluntad en el anexo denominado Crecer, ubicado en la colonia Calera de Guadalajara. Durante su internamiento, que se prolongó hasta el 8 de enero de 2025, fue víctima de tortura física y psicológica, incluyendo golpes reiterados, agresiones sexuales, humillaciones y lesiones que le provocaron sangrado por la boca y el ano, según consta en su declaración y en la carpeta de investigación correspondiente.

La denuncia señala que, pese a la gravedad de su estado de salud, fue trasladada durante varias horas en un taxi por personal del propio anexo a dos clínicas privadas, donde se le negó atención médica adecuada. Posteriormente, fue abandonada en otro centro de rehabilitación, Redescúbrete, sin que existiera registro formal de ingreso ni responsable legal que asumiera su custodia, lo que constituye una nueva irregularidad penal.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es la falsificación de declaraciones ante el Ministerio Público. El director del anexo Crecer y un médico que compareció como testigo habrían afirmado que en ese centro nunca hubo mujeres internas. Sin embargo, testimonios posteriores de personas que estuvieron internas contradijeron esa versión y acreditaron que al menos unas 40 mujeres se encontraban recluidas en el lugar durante el periodo en el que Wendy Coral Franco Flores permaneció privada de la libertad.

El documento también denuncia omisiones reiteradas por parte de la agente del Ministerio Público Claudia María Cortés Flores, a quien se le señaló por no integrar diligencias clave, no investigar a personas denunciadas como responsables y haber filtrado domicilios de las víctimas, lo que habría derivado en amenazas y en un atentado armado ocurrido el 2 de diciembre de 2025. En ese ataque, Alejandro López Ponce de León resultó herido por arma de fuego dentro de su domicilio.

Además de los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura, la denuncia incluye acusaciones por amenazas, tentativa de homicidio, despojo patrimonial y fraude, señalando que durante el cautiverio de Wendy Coral Franco Flores se realizaron actos para despojarla de una parcela de su propiedad, sin que hasta ahora exista restitución ni avances sustanciales en la investigación.

Las víctimas, reconocidas en el Registro Nacional y Estatal de Víctimas, solicitaron además de la intervención directa del fiscal general de Jalisco, el acompañamiento de autoridades federales y de derechos humanos, al advertir que la falta de acción del Ministerio Público ha prolongado su situación de riesgo y revictimización. El caso también ha sido presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha informado públicamente sobre avances sustantivos en la judicialización de los anexos señalados ni sobre las responsabilidades de funcionarios mencionados en la denuncia.

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